El Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Baja California en funciones por disposición de Ley y Tesorero de la ASOFIS, A.C., participó en el Foro “Actualización de las Reglas para el Fortalecimiento de la Hacienda y Fiscalización Pública”

El día 05 de junio de 2017, el C.P. Carlos Padilla Villavicencio, Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Baja California, en funciones por disposición de Ley y Tesorero de la ASOFIS, A.C., participó en el “Foro Actualización de las Reglas para el Fortalecimiento de la Hacienda y Fiscalización Pública”, organizado por la Diputada Eva María Vázquez Hernández, Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y la Diputada Iraís Vázquez Aguiar, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, respectivamente.

El presídium estuvo integrado por el Subsecretario de Gobierno en Tijuana, Lic. Enrique Méndez Juárez; el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, Lic. Jaime Roberto Guerra Pérez; así como el Economista Diego Díaz, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien posteriormente desarrolló una conferencia con el tema “Institucionalización de la Transparencia Presupuestaria en Baja California”. El foro se realizó en el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), siendo anfitrión su Presidente, Dr. Alberto Hernández Hernández.

En su mensaje, la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXII Legislatura Local, Dip. Iraís Vázquez Aguiar, se refirió al proyecto de Ley de Financiamiento y Obligaciones para el Estado, cuya iniciativa presentó en Sesión de Pleno el pasado mes de abril. Explicó que en su propuesta se norman y asumen los principios generales sobre los cuales los entes públicos deberán contratar financiamiento y obligaciones tanto a corto como a largo plazo, así como el manejo y transparencia que deberán observar.

Además el citado proyecto de Ley, establece un control constitucional relativo a la autorización del Pleno de la Legislatura Local para su viabilidad; la prohibición de contratar financiamientos y obligaciones que no sean destinados a inversión pública. En cuanto al registro de la deuda pública y obligaciones, la diputada manifestó que se propone un “Registro Estatal de Financiamiento y Obligaciones”, a efecto de normar lo relativo a esta materia, de acuerdo a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

Por su parte, la Diputada Eva María Vásquez Hernández, señaló que las atribuciones que se asignarán a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, entre otras, será conocer, investigar y substanciar faltas administrativas que detecten, mediante la fiscalización superior de las cuentas públicas. Asimismo, la Auditoría será facultada para recibir denuncias de la ciudadanía y presentar denuncias derivadas de los procesos de revisión de las cuentas públicas; así como, dar trámite a la presentación de denuncias de juicio político.

Una vez integrada la infraestructura legislativa correspondiente, la Auditoría Superior del Estado, podrá promover las responsabilidades que sean procedentes para el combate a la corrupción y para la imposición de las sanciones que correspondan a servidores públicos y particulares. También precisó que la Auditoría Superior del Estado de Baja California, dará seguimiento al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; señalando que otro aspecto importante a considerar de la iniciativa de Ley presentada, es el establecimiento de una Contraloría Social.

Finalmente destacó que éste es un esfuerzo legislativo derivado de un trabajo profesional e imparcial, donde la premisa es preparar el camino para asumir la nueva ruta en materia de rendición de cuentas y vincular ésta materia con la Leyes de Disciplina Financiera y Contabilidad Gubernamental. Aclarando que la Ley propuesta, deriva de manera directa del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), pero también del mandato especifico del Constituyente Permanente y de la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.